Después de 6 años la CIDH admite demanda por las muertes de la Calancha
El exdiputado Horacio Poppe busca que el expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno Alfredo Rada sean encarcelados por la muerte de tres universitarios.
A seis años de presentar la denuncia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda por las muertes y víctimas de La Calancha, Sucre, hecho ocurrido en noviembre de 2007, época en la que se realizaba la Asamblea Constituyente. Las partes fueron notificadas el 8 de julio, posteriormente se asumirá una decisión hacia el Estado boliviano.
El documento al que tuvo acceso la ANF, en la parte del análisis de los hechos, señala que existen elementos para estimar que la Policía arremetió contra las víctimas mientras participaban en una protesta y que hasta el momento no se dió con los responsables.
«La Comisión estima que los alegatos del peticionario, referidos a la ejecución de las presuntas víctimas por integrantes de la Policía mientras participaban en una protesta y la alegada impunidad de estos hechos, no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo (…) Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 4, 5, 8, 13, 15 y 25 de la Convención Americana», dice el documento.
La petición fue presentada el 28 de septiembre de 2015 por el entonces diputado Horacio Poppe y Erick Fajardo, debido a la falta de avance del proceso de investigación en el país por las muertes de tres personas en los conflictos del 24 y 25 de noviembre del 2007.
En ese contexto, Poppe resaltó la decisión del organismo internacional y afirmó que esta fue una promesa que hizo cuando asumió el cargo como diputado nacional. Espera que el expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno Alfredo Rada sean encarcelados por los hechos luctuosos.
«Además de reparar daños en las familias afectadas, lo que buscamos es ver a Evo (Morales) y (Alfredo) Rada tras las rejas por este caso. Quedó claro que no sólo valen los muertos de Senkata y Sacaba. Las vidas de los sucrenses también importan», afirmó el exdiputado en sus redes sociales.
Las observaciones
La Comisión hizo una evaluación de los alegatos presentados por los denunciantes y el Estado, que respondió a la demanda el 19 de julio de 2019. En ese sentido, la CIDH afirmó que el presente caso, y luego de considerar los procesos judiciales, desde la perspectiva del análisis del agotamiento de los recursos internos, las muertes de Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo no fueron investigadas y sancionadas debidamente.
«La CIDH observa que a pesar de que han pasado cerca de catorce años desde que ocurrieron los hechos denunciados, las ejecuciones de los señores Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo se encuentran, prima facie, sin ser debidamente investigadas y sancionadas, a la espera que la Cámara de Senadores autorice el juzgamiento», precisa el documento.
A la vez, observó que los hechos denunciados ocurrieron a finales de 2007 y las investigaciones iniciaron posteriormente, lo que ocasionó que los hechos de impunidad denunciados y sus consecuencias perduran hasta la fecha, por tanto la CIDH estima que la petición cumple con el requisito de plazo.
Los hechos
El 24 y 25 de noviembre de 2007, en zona de La Calancha, de la ciudad de Sucre, se produjo un conflicto cuando la directiva de la Asamblea Constituyente decidió trasladar sus sesiones del Teatro Mariscal al Liceo Militar teniente Edmundo Andrade, a unos 5 kilómetros de Sucre, para aprobar en grande la nueva Constitución Política del Estado.
Los Pobladores de Sucre se movilizaron hacia el recinto militar, para exigir que la demanda de la capitalidad plena sea incluida en el nuevo texto constitucional. Sin embargo, los asambleístas determinaron excluir el tema, posición que generó la protesta de esa población. En medio de aquellos enfrentamientos fallecieron tres universitarios: Gonzalo Durán, Juan Carlos Serrudo y José Luis Cardozo, además se registraron más de 400 heridos.
Posteriormente, la Fiscalía General del Estado presentó un requerimiento acusatorio contra el exministro de Gobierno, Alfredo Rada; los jefes policiales nacionales Miguel Vásquez y Jorge Espinoza, y comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, José Galván.
Fuente: ANF
