Se prevé otros 28,7 millones de personas en la línea de pobreza
Como consecuencia, por ahora imprevisible cifra de nuevos casos de coronavirus (COVID-19) que registran cada día los países de la región, entre ella Bolivia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), precisó que la caída económica de -5,3 % que afectará en 2020, llevará a 28.7 millones de personas adicionales a la pobreza, sumando así a una población de 215 millones en esa situación, que equivale al 34,7 %.
Por ello, la CEPAL propone, en lo inmediato, la entrega de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7 % de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1 % del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año. “Debemos garantizar a las familias un ingreso de subsistencia, para evitar una crisis alimentaria”, alertó, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
Otras variables en esa línea. El organismo regional, al mencionar que la crisis sanitaria que en la región sigue registrando cifras de contagio en ascenso todos los días, argumenta que agregará 12 millones de personas a las filas del desempleo (37.7 millones) y a 15.9 millones de personas a la pobreza extrema (87 millones).
Bárcena, expresó que la pandemia visibilizó los problemas estructurales del modelo económico y las carencias del sistema de protección social y brechas del régimen de bienestar. Además, enfatizó que en tiempos de la pandemia del COVID-19 es crucial transparentar la información crítica que respalda las decisiones adoptadas por la autoridad y que esta información sea basada en evidencia científica.
“No cabe duda que el rol del Estado hoy es importantísimo. Y es necesario abrir canales institucionales de diálogo e incidencia de la sociedad civil para conseguir respaldo y comprensión, así como para conducir el proceso después de la crisis. En este contexto, las entidades fiscalizadoras juegan un papel fundamental”, afirmó.
Sobre los pueblos indígenas. Bárcena, llamó a tener especial preocupación por las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las mujeres, los adultos mayores, los migrantes y refugiados, y las personas con discapacidad.
Precisó que en la región hay alrededor de 60 millones de personas pertenecientes a pueblos originarios, que representan el 10 % de la población, pero que viven en una situación de altísima vulnerabilidad y no tienen las capacidades para enfrentar los efectos del COVID-19.
Las poblaciones afrodescendientes, en tanto, representan 134 millones de personas, es decir el 21 % de la población de la región, y son altamente estigmatizadas, discriminadas y están en posición de gran desventaja. En el caso de los adultos mayores, dijo, se trata de la población más vulnerable ante la pandemia; y las mujeres, han evidenciado un aumento en la violencia intrafamiliar en el marco del confinamiento. “La disparidad de género y las desigualdades son algunos de los factores de preocupación más importantes”, subrayó.
87 Millones de personas
Se encuentran en extrema pobreza en la región.
//El Día
