En la acción fueron retenidos reporteros de El Deber, Unitel, Red Uno, ATB y PAT, quienes fueron liberados más tarde, varios de ellos con lesiones y con sus equipos dañados. Una cámara filmadora recibió un impacto de bala, de acuerdo con el testimonio de uno de los periodistas. Los trabajadores de la prensa deben ser protegidos por el Estado para garantizar la libertad de expresión, que a su vez es protegida por la Constitución Política del Estado.

Los periodistas fueron retenidos, junto a civiles y policías, de manera violenta por encapuchados, quienes fueron denunciados por avasallar una propiedad privada. Estos hechos, además de atentar contra los derechos humanos, se constituyen en delitos penales, como privación de libertad, secuestro, tenencia y portación de armas, y lesiones leves y graves.

La Defensoría del Pueblo exige a las autoridades la investigación y el establecimiento de sanciones para evitar que estos hechos se naturalicen; además, demanda el respeto al trabajo de los periodistas para garantizar el derecho de la población de acceder a la información y el derecho a la libertad de expresión.

Esta institución defensorial hará seguimiento de este caso hasta que se identifique a los responsables y se los someta a la justicia ordinaria.