En Bolivia, uno de cada 715 niñas, niños y adolescentes se encuentra privado del cuidado de sus familias

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) y la Dirección General de la Niñez y Personas Adultas Mayores, presentó este martes en la ciudad de Sucre, el Estudio sobre el Estado de Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en Acogimiento Institucional, documento que muestra datos reveladores y que permitirá el diseño y aplicación de normas y políticas públicas.

 

“Esperamos que el ´Estudio sobre el Estado de Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en Acogimiento Institucional´ como línea base, permita la formulación de políticas públicas en todos los niveles del Estado, leyes departamentales y municipales para la prevención de abandono, fortalecimiento familiar y la implementación de modalidades alternativas de cuidado familiar”, escribió el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, en la presentación del estudio.

El documento cuenta con el Mapa de Centros de Acogida y Niñas, Niños y Adolescentes Sin Cuidado Parental, que revela que uno de cada 715 niñas, niños y adolescentes (NNA), se encuentra privado del cuidado de una familia, entre otros datos y cifras de importancia.

De los 5.678 menores que viven institucionalizados en 180 centros de acogida del país, el 51% son niñas y el 49% son niños. Respecto a sus rangos etarios, el 27% son menos de seis años; mientras que el 38% tiene entre siete y 12 años; y el 34% entre 12 y 18 años.

Del total de la niñez y adolescencia acogida, un 32% vive esa situación a consecuencia de hechos de abandono, 20% a negligencia, 11% a maltrato psicológico y/o físico, 7% a orfandad, 6% a una situación económica deficitaria (en situación extrema, ya que la falta o carencia de recursos materiales y económicos no es por sí sola una causal para separarlos de su familia), 5% a abuso sexual, 3% a padres privados de libertad, 2% a abandono del hogar, 1% a trata y tráfico, 1% a extravío, 1% a conflicto de guarda y 12% a otras causas.

De acuerdo al estudio, el abandono y la negligencia son las principales causas de la institucionalización de la niñez y adolescencia, con un índice total del 52%.

La institucionalización de la niñez y adolescencia es una medida de protección judicial, excepcional y temporal, que se aplica en situaciones de urgencia cuando se han agotado todas las otras medidas que establece el Código Niña, Niño y Adolescente.

Sin embargo, según el estudio, el tiempo promedio de permanencia de las y los jóvenes que dejaron los centros de acogida al cumplir la mayoría de edad, es de nueve años y siete meses, cuando lo recomendable es que permanezcan el menor tiempo posible, en cumplimiento al derecho a vivir en familia de manera oportuna y temprana.

El 86% de las niñas, niños y adolescentes acogidos, no tienen su situación legal definida, por tanto no son sujetos de adopción, aspecto que vulnera su derecho a la reintegración familiar e imposibilita su integración a una familia sustituta. La retardación de justicia y otros factores provocan esa elevada cifra, además se tiene que en promedio, los equipos técnicos dedican como máximo una hora al mes al trabajo de reintegración familiar de cada NNA.

El 80% de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los centros tienen familia de origen conocida (nuclear o extendida), pero sólo el 58% recibe visitas de sus familiares, por lo que se hace imperativo optar por otras modalidades alternativas de cuidado y otras estrategias. Al respecto, el Ministerio a través del estudio, subrayó que crecer sin cuidado familiar impacta en la vida de las NNA y limita su desarrollo emocional, cognitivo y social.

“Es importante enfatizar en la necesidad de que la administración de justicia y el sistema de protección respondan de una manera efectiva, bajo principios de celeridad y oportunidad a definir la situación jurídica de estas niñas, niños y adolescentes y garantizar la restitución de su derecho humano a tener una familia, sea vía la adopción, guarda, tutela o reintegración familiar, según la historia personal de cada niña, niño o adolescente”, manifestó el titular de Justicia.

En relación específica a los modelos de atención implementados en los centros de acogida cuya administración conforme a deslinde competencial es de los gobiernos autónomos departamentales a través de las Instancias Técnicas Departamentales de Política Social (ITDPS), el estudio establece la necesidad de cumplimiento de estándares mínimos basados en la protección integral y el interés superior de la niñez y adolescencia.

Las cifras establecen que se requiere de esfuerzos institucionales sectoriales e intersectoriales del Estado en todos sus niveles, con especial incidencia de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), que cuentan con el mandato legal y competencial para el cuidado integral de esta población y de la restitución de derechos.

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