Denuncias de nepotismo y compras irregulares se suman a la falta de insumos en la CNS

Miembros del sindicato tienen hasta a cuatro familiares trabajando dentro de la institución. Las contrataciones de la CNS son observadas por diferentes instancias. Casegural advierte con masificar sus protestas.

 

En medio de denuncias de nepotismo, irregularidades en las adquisiciones, falta de insumos y pugnas internas, la crisis en la Caja Nacional de Salud (CNS) se profundiza. Autoridades y trabajadores piden una investigación imparcial del ente gestor de salud.

El Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (Casegural) se moviliza y advierte con masificar las protestas desde hoy. Exige la renuncia de la gerenta de la CNS, Silvia Gallegos, por “mala administración”. La gerencia denuncia nepotismo de los dirigentes.

Lo trabajadores están divididos en dos bandos.
“Estamos haciendo una línea de trabajo. Urge investigar a los directores laborales, a la gerencia general y también el nepotismo en los sindicatos. Ya hemos mandado cartas a la Contraloría, la Procuraduría y al Viceministerio de Transparencia. Se ha destapado la olla y aquí hay mucha corrupción, en todos los niveles”, afirmó el ejecutivo de los jubilados del sistema integral de pensiones, Rodolfo Ayala.

“Estamos juntando todas la pruebas para presentarlas al Ministerio Público y pedimos al Ministerio de Salud que se sume a esta demanda penal, si no será cómplice de corrupción de la CNS”, señaló el diputado del MAS Rolando Cuéllar.

13 casos de nepotismo

La gerenta de la CNS, en su posesión en diciembre, dijo que Casegural y el Sindicato Médico y Ramas Anexas (Simra) ejercían persecución a trabajadores y que repartían cargos entre sus familiares.

En una revisión del personal y sus relaciones con los dirigentes de Casegural, Página Siete evidenció que al menos 13 miembros del directorio tienen a sus cónyuges, hijos, madres o hermanos trabajando en el ente gestor de salud.

Como ejemplo, F.T.L. tiene a dos hijas, su yerno y su esposo trabajando dentro de la institución. Los dos hijos de G.N.J. trabajan en una sola unidad, al igual que los hijos de E.T.L. y L.G.D.

“Se han dedicado a imponer personas de su entorno, familiares y amigos serviles a sus propósitos. Así se consolida el nepotismo y la formación de clanes familiares al interior de la Caja Nacional de Salud”, denunció Gallegos.

El Reglamento Interno de Trabajo del Personal especifica que los trabajadores “que tengan un parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad” no podrán prestar servicios en una misma repartición.

Consultado sobre el tema, el ejecutivo de Casegural, Abdón Laora, indicó que tiene conocimiento de algunos casos, pero que no están fuera de ley. No mencionó, sin embargo, el tema ético.

“La norma señala que no pueden trabajar dentro del mismo centro o unidad, pero sí en diferentes. No se puede cortar el derecho a la libre elección y es imposible pensar que trabajando más de ocho horas en la institución las personas no se conozcan , se casen o tengan hijos”.

Dos piquetes piden la renuncia de la gerenta Gallegos.
Observaciones en las compras

Casegural también tiene denuncias. Laora sostuvo que en los últimos meses al menos cuatro procesos de compras directas de equipos y medicamentos despiertan inquietud debido a los precios. Dijo que falta transparencia.

Con documentos en mano, el diputado Cuéllar coincidió con Laora. Dijo que presentó una demanda penal que dé paso a una investigación de la institución.

“Hemos recibido documentación de posibles sobreprecios en una compra de amonio cuaternario, en una de pruebas de antígeno y en la de las plantas de oxígeno. Lamentablemente no tenemos acceso a la información necesaria”, aseguró el ejecutivo de Casegural.

Página Siete hizo una revisión de las contrataciones realizadas por la CNS en los últimos meses. Se evidenció que no todos los procesos fueron publicados en el Sicoes, como manda la ley. Mientras que los que fueron publicados no tiene la documentación completa.

Solo como ejemplo, el proceso de adquisición de amonio cuaternario de quinta generación, con CUCE 21-0417-00-1144649-0-E, da cuenta de la compra de 6.500 frascos de un litro del químico, producido en el Perú, por 230 bolivianos cada unidad. En total el costo del contrato asciende a 1,5 millones de bolivianos. No se publicó el acta de recepción.

El mismo producto, pero de otra proveedora y otra industria, fue adquirido por la regional Cochabamba a 26 bolivianos el litro. En Perú el costo del producto está entre 15 y 20 soles, lo que equivale a 27 y 35 bolivianos.

De acuerdo a documentos a los que este medio tuvo acceso, en la compra de los ocho generadores de oxígeno se firmó contratos por 34,2 millones de bolivianos, pero hubo otra empresa que ofertó los mismos servicios por 21,9 millones de bolivianos. Ni en la página web de la CNS ni en el Sicoes se halló los detalles de la compra que especifiquen por qué se eligió a una empresa antes que la otra.

Laora manifestó que algo similar ocurrió en la compra de pruebas de antígeno nasal. “Cada una fue adquirida por 95 bolivianos cuando otra empresa las ofrecía a 49”.

Página Siete se contactó en el jefe de la unidad de transparencia de la CNS para conocer su posición sobre las denuncias de sobreprecios y las de nepotismo en Casegural. Tras escuchar el requerimiento, el funcionario argumentó que la conexión era mala y no volvió a contestar el teléfono.

La institución enfrenta un crisis desde hace varios años.
Caja pagó Bs 10 millones por medicamentos que no se entregaron

Durante la primera ola de la Covid-19 en el país, la CNS realizó una compra de medicamentos para pacientes con coronavirus que no fue entregada. Esta adquisición, firmada en abril de 2020, ascendía a más de 20 millones de bolivianos, de los que se anticipó 10 millones.

“De manera extraña se da un anticipo de 10 millones y no se entregan los insumos, por lo que hay un daño económico a la institución”, afirmó la gerenta general de la CNS, Silvia Gallegos.

La empresa adjudicada era Embextra SRL, una proveedora de insumos médicos que ya había hecho contratos con el Estado en años pasados. Gallegos inició una demanda penal para recuperar el dinero pagado. El propietario de la empresa en cuestión fue aprehendido en septiembre de 2020.

Según la Resolución de Directorio N° 046/2020 de la CNS, esta compra firmada el 8 de abril de 2020 también fue denunciada por un presunto sobreprecio de tres millones de bolivianos. Según las denuncias, una modificación del contrato habría incrementado el costo unitario de los productos.

La variación —de acuerdo a lo argumentado en el documento— se debía a un error en la transcripción de las cotizaciones. En lugar de poner los costos ofrecidos por Embextra se copió los de otra proponente que no cumplía con las especificaciones pero que ofrecía un costo menor.

El contrato estipulaba que la entrega debía realizarse el 22 de abril, sin embargo, la empresa no pudo entregar los productos y pidió una ampliación hasta el 7 de mayo, plazo en el que tampoco cumplió. Ante ello, el responsable de la compra decidió resolver el contrato.

Con estos antecedentes, el directorio de la CNS instruyó ejecutar la boleta de garantía y auditar todas las compras covid.

El proceso fue realizado durante la gerencia de Roberto Rojas, posesionado por el entonces ministro de Salud Aníbal Cruz en noviembre de 2019, durante el gobierno de transición.

Asuss da sanción y directores piden insumos

El 1 de julio pasado, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) emitió una “severa llamada de atención” para la gerencia de la CNS.

De acuerdo al documento, la Dirección Técnica de Fiscalización y Control Administrativo Financiero de la Seguridad Social de Corto Plazo y la Dirección Técnica de Fiscalización y Control de Servicios hallaron infracciones graves referidas a la implementación y ejecución de los “Planes de Contingencia de la Tercera Ola” y a la “baja y deficiente ejecución presupuestaria por parte de la CNS”.

“En ese entendido y en el marco de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Sanciones de la Asuss, se le aplica la sanción descrita como una ‘severa llamada de atención’, exhortando a su gerencia y al personal bajo su dependencia cumplir las disposiciones emanadas por este despacho”, sostiene una nota firmada por Víctor Patiño, máxima autoridad del ente fiscalizador.

Pese a la conminatoria, dos semanas después, la situación no cambió. El 12 de julio, a la regional de la CNS La Paz llegó una carta firmada por los directores de 16 centros médicos del ente de salud. En ella informaron la situación que viven.

Denunciaron la falta de recursos humanos debido a diferentes anomalías en los procesos de contratación. Pese a haber solicitado personal en mayo hasta ahora los contratos no se concretan, recalcaron que las contrataciones que se firmaron -en el caso del personal médico- son solo por tres meses, empero los contratos para personal administrativo son de seis meses.

Otro “problema álgido” es el desabastecimiento de medicamentos que llega a entre 25% y 40% en los diferentes centros médicos. “Nos llama la atención que en la prensa se dice que ya estamos abastecidos, cuando en realidad nos dan pequeñas cantidades que se agotan en menos de tres días”, dice la misiva.

Los médicos solicitan a las autoridades de la CNS que explique las causas de estas falencias.

10 años en la mira y sin hallar solución

En 2011, la entonces ministra de Salud Nila Heredia alertó de la crisis en la CNS en dos informes presentados ante la Asamblea Legislativa. Advirtió irregularidades en las compras de medicamentos y varios casos de nepotismo. Reveló que había 2.500 profesionales en salud, frente a 3.000 administrativos.

Tres años después, en 2014, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Nardy Suxo intervino la CNS ante el hallazgo de ítems fantasmas, cargos y sueldos desproporcionados y clanes familiares. Presentó 13 denuncias en contra de 50 personas. Se salpicó a dirigentes de la COB.

En 2015, la sucesora de Suxo, Lenny Valdivia, inició una “acción inmediata” en cada regional de la CNS. Verificó anomalías y demoras en la atención de pacientes, incumplimiento de horarios de los médicos y otras falencias.

En 2018, los trabajadores denunciaron un mal manejo de sus aportes por parte la dirigencia saliente de Fensegural y la administración de la CNS. Revelaron que tres cheques -que sumaban 318 mil bolivianos- fueron emitidos a nombre de un particular, que formaba parte de la COB.

Un año después, la División de Trata y Tráfico de Personas de la Felcc denunció un supuesto caso de tráfico de órganos en el Hospital Obrero.

Con el compromiso de limpiar toda irregularidad, el 8 de diciembre de 2020, Silvia Gallegos juró como la nueva gerenta. Afirmó que en la pandemia la contratación de personal médico representó un 25%, mientras que el administrativo fue de 75%. Acusó a Casegural de apadrinar contratos de familiares.

Hoy los sindicatos de la CNS protestan por falta de insumos y supuestos hechos de corrupción. En medio de la pelea entre dos bandos, se pide investigar la institución.

Fuente: Página Siete

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