Carla, un feminicidio y una lucha por justicia

A casi 5 meses de la muerte de esta adolescente de 14 años, uno de sus agresores ya fue sentenciado con la pena máxima, mientras los otros investigados se encuentran detenidos y pelean por su libertad.

A los 14 años Carla Méndez era una adolescente como muchas otras, iba al colegio y tenía un grupo de amigos con los que iba al colegio, ya tenía grupos para hacer las tareas y también algunas amigas con las que compartía una amistad, para hacer tareas y en ocasiones para salir a pasear.

Como la mayoría de las muchachas de esa edad, Carla disfrutaba de “chatear” con sus amigos y pasar tiempo en sus redes sociales. Esta curiosidad fue aprovechada por los sujetos que obtuvieron su nombre y contacto.

Sin sospechar lo que le ocurriría horas más tarde, el 20 de febrero la muchacha salió de su casa para dirigirse donde una amiga y estudiar juntas. A medio camino fue interceptada por sus agresores y la raptaron.

El objetivo era que su familia pagara por ella una recompensa de $us 20.000. Ese mismo día por la noche el mensaje para pedir el rescate le llegó a la madre, quien sin poder dormir fue al día siguiente a formalizar la denuncia ante la Fiscalía.

La estrategia era acordar un punto para hacer el intercambio. Sin embargo, estos sujetos de manera repentina cortaron la comunicación que tenían a través de mensajes.

La Policía no logró dar con el paradero de estos antisociales hasta el 27 de febrero, cuando también encontraron a Carla, pero ya sin vida.

De acuerdo al examen forense, se habría concluido que la menor fue torturada y asesinada horas después de su rapto.

Desde entonces, la madre de la muchacha no puede dormir y manifiesta que no hay un solo día en el que lamente la muerte de su hija. Si bien no hay nada que pueda hacer para devolverle la vida, indica que para ella lo más importante es que haya justicia y se sancione a quienes fueron responsables de su feminicidio.

Batalla jurídica

Cuando la menor salió de su casa ese 20 de febrero comenzó una pesadilla para sus padres que hasta la fecha no termina, debido a que solo existe la sentencia para uno de los implicados, Herland Valencia (25) quien ya cumple una pena de 30 años en el penal de Morros Blancos.

Los otros dos investigados son dos menores de 15 y 16 años que fueron capturados simultáneamente al principal autor. La audiencia cautelar de ambos se instaló el mismo día que el otro sujeto accedió someterse a un procedimiento abreviado reconociendo su culpa, el 28 de febrero, pero ellos intentaron negar su responsabilidad y ahora están detenidos preventivamente en el Centro Oasis de la capital.

De acuerdo al Código Niño, Niña, Adolescente, cuando se trata de menores el plazo de la detención no puede superar los 90 días sin que haya acusación. Es por eso que su defensa exige que se los libere y puedan tener alguna medida sustitutiva.

El 12 de junio se instaló una audiencia en la que el abogado d ellos menores, Franz Carlos Gutiérrez, dijo que a pesar de la pandemia los plazos siguen corriendo. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional negó este recurso porque la crisis sanitaria se paralizaron los plazos y la falta de acusación responde a que el Ministerio Público no pudo llevar adelante actos investigativos.

Tras esta negativa, el abogado presentó nuevamente este recurso el 27 de junio. Dicha solicitud fue denegada por segunda vez. Ante esto, Gutiérrez empleó la figura de la apelación incidental, misma que fue derivada al Tribunal de Apelación del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) en la capital.

Sobre este recurso, el abogado de la familia de Carla, Roger Ibarra, informó que ya llegó la causa a la ciudad de Tarija para que los vocales puedan resolver esta solicitud. Para ello existe un plazo de cinco días hábiles que corren desde el 9 de julio hasta mediados de esta semana.

Uno de los argumentos de la defensa sería que Valencia habría declarado ante la prensa ser el único autor del hecho, liberando de culpa a los adolescentes. A esto, Ibarra respondió mostrando las primeras declaraciones legales de este sujeto en el que incluso detallaría paso a paso sobre cómo secuestraron, trasladaron y quitaron la vida a la menor.

Movilización

Desde que la familia formalizó la denuncia por el rapto de Carla, la población de Bermejo se sumó a la lucha de la familia por justicia, en primera instancia exigiendo que la Policía y el Ministerio Público agilicen la investigación y cuestionando que por el retraso en sus acciones la adolescente haya perdido la vida.

Ahora permanecen en vigilia demandando que se sancione también a los dos menores de edad, a quienes su defensa intenta liberar de culpa. De esta manera se han articulado redes junto a la sociedad civil y diferentes colectivos, no solamente de Tarija, sino del resto del país, que se encuentran a la espera de la resolución del TDJ.

Una de las manifestaciones es la del Colectivo Ivaginarias que redactó una carta al TDJ, una de sus representantes es Daniela Rodríguez quien dijo que el objetivo del mismo es expresar el repudio por los altos índices de violencia hacia la mujer y por este caso en particular.

“Estamos indignadas, alarmadas, pero sobre todo organizadas. En su poder (del TDJ) está emitir la resolución que confirmará la detención o revocarla (…) exigimos que no haya cesación de la detención preventiva y que todo el peso de la ley caiga sobre los que le arrebataron la vida a nuestra Carlita”, dicta el documento.

El tema también ha sensibilizado a otros adolescentes, compañeros de Carla quienes tienen la misma edad que los dos menores detenidos. Ellos han iniciado una campaña con el mensaje de que a pesar de su edad saben que no pueden secuestrar ni matar a otras personas.

“Tengo 15 años y sé que está mal secuestrar, tengo 15 años y sé que está mal matar a alguien, tengo 15 años y sé que los actos tienen consecuencias”, es el mensaje que expresan en una recopilación de videos.

A esto se suma la demanda para que el Ministerio Público ahora cumpla con los plazos y agilice la investigación, para que de esta manera se pueda contar con una acusación y así se pueda fijar una fecha de juicio.

Fuente: El Pais.