Jhasmani T. y otras ocho personas irán a juicio por el caso consorcio

El ‘abogado torturador’, dos exvocales, un exfiscal, tres policías y dos particulares son parte de la acusación formal.

Jhasmani T., dos exvocales, un exfiscal, tres policías y dos particulares (pareja de una exvocal y esposa del conocido como el ‘abogado torturador’) son los que irán a juicio oral en el caso investigado como consorcio de jueces, fiscales y policías.

El representante del Viceministerio de Transparencia de Cochabamba, Ricardo Arellano, informó que la Fiscalía presentó la acusación formal contra las nueve personas, el 1 de julio de 2020. Actualmente, el proceso radica en el Tribunal de Sentencia No. 5, quienes deben realizar las diligencias y notificar con el pliego acusatorio a los imputados para que ellos presenten sus pruebas de descargo y cuando se cumpla esos trámites se programará el juicio oral. El señalamiento debería darse en un plazo de 40 días, previo a las notificaciones.

Arellano indicó que la etapa investigativa del caso consorcio, donde coadyuvó Transparencia, ha concluido y que se han encontrado elementos de convicción suficientes contra Jhasmani T. y exautoridades judiciales y funcionarios policiales que apuntan a que existiría un hecho ilícito y una responsabilidad penal por el delito de consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías.

“Se tiene la prueba para que estas personas sean enjuiciadas en un juicio oral ante un Tribunal de Sentencia”, dijo.

La mayoría de los imputados en este caso cuentan con medidas sustitutivas a la detención preventiva, algunos con detención domiciliaria y otros con libertad bajo fianza. Existen dos o tres efectivos policiales que continúan con detención preventiva.

Jhasmani T. también tiene detención domiciliaria en este proceso. El Tribunal de Sentencia No. 5 declaró procedente el mandamiento de libertad en su favor por el caso consorcio, de acuerdo con el documento de esa instancia del 25 de agosto.

Asimismo, se dictó sobreseimiento en favor de dos funcionarios policiales debido a que su participación en el caso fue mínima y habrían colaborado en la investigación. Además, no se encontró los suficientes elementos para que sean parte de la acusación formal.

En junio de 2019, el ‘abogado torturador’, en una declaración ampliatoria, mencionó 57 nombres de jueces y fiscales que presuntamente estarían implicados en el caso consorcio, aunque no presentó pruebas para sustentar su acusación. Sin embargo, Jhasmani T., en la solicitud de mandamiento de libertad, se refiere a ese proceso como “el imaginario delito de consorcio seguido y aperturado de oficio por la fiscal Faridy Arnez”, de acuerdo con el documento del 24 de agosto.

PRUEBAS El Ministerio Público al presentar la acusación formal ofreció 22 pruebas documentales para sustentar el caso consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías encabezada presuntamente por Jhasmani T.

“Están incluidas las resoluciones ilegales que habrían sido digitadas a través de este consorcio. Son resoluciones de relevancia social como el de un asesinato (caso hermanas Adriázola) para favorecer a determinadas personas”, manifestó.

Acotó que también hay audios e incluso pruebas periciales. Además, de la triangulación de llamadas que permita vincular o establecer si hubo nexo entre el ‘abogado torturador’ y las autoridades judiciales y policiales con el fin de direccionar ilegalmente las resoluciones de los procesos penales. “Estas pruebas serán producidas en juicio oral y de conocimiento de los acusados para que ellos en uso de su legítimo derecho a la defensa puedan presentar sus pruebas de descargo”.

CASOS Jhasmani T.L. es investigado en cinco procesos; en tres obtuvo detención domiciliaria, en otro tiene detención preventiva y uno no continuó porque la víctima no quiso seguir con el caso.

De acuerdo con fuentes allegadas a la investigación, el imputado tiene detención domiciliaria en el caso padrastro, donde Julián T. fue golpeado y obligado a firmar documentos en febrero de 2017, argumentando problemas en su pierna ante su posible amputación.

En el caso videos uno, donde el ‘abogado torturador’ golpea a una persona, salió la cesación a la detención preventiva y también le dieron detención domiciliaria, hace aproximadamente dos meses. Además, en el caso videos dos, la víctima no quiso seguir con el proceso.

Solo en el caso del mecánico, donde la víctima es Juan Antonio C., es el único donde Jhasmani T. tiene detención preventiva porque subsiste un riesgo procesal. Este caso se encuentra con acusación formal.

El otro caso es de consorcio, donde también consiguió su detención domiciliaria. Sin embargo, al contar con una detención preventiva no podría ser trasladado a su domicilio, sino a un recinto penitenciario.

Christian Gómez, director del hospital Viedma, informó que el imputado se encuentra internado desde hace varios meses por problemas en su pierna. Además, dio positivo a COVID-19 en una prueba PCR, hace casi una semana. Acotó que recibió su alta médica y le recomendaron el aislamiento domiciliario y se prevé que en estos días deje el hospital, pero tendría que ser trasladado al penal de San Sebastián.

La Ley 1173 es benigna para los imputados puesto que establece hasta seis meses para la detención preventiva. Después, el acusado se podría beneficiar con una medida sustitutiva que no es sinónimo de que se lo esté “exonerando de responsabilidad”, pero podrá defenderse con una medida más leve a la detención preventiva hasta que exista una sentencia condenatoria. Todo esto será válido siempre que el imputado no obstaculice el proceso.

Sin embargo, en este caso, las víctimas de Jhasmani T.L. han pedido a las autoridades “garantías y justicia” debido a que temen represalias del ‘abogado torturador’ si este sale de prisión.

//Opinión