Defensoría del Pueblo exige procesos penales en contra de los responsables de las lesiones y secuestro de trabajadores de la prensa en Guarayos
La Defensoría del Pueblo, frente a la agresión física y el secuestro de trabajadores de la prensa, retenidos ayer durante 17 horas en la propiedad Las Londras en la provincia Guarayos, en el departamento de Santa Cruz, a manos de personas encapuchadas y que portaban armas de fuego, exige el inicio de procesos penales para identificar y sancionar a los responsables de estos hechos que atentan contra la libertad de expresión, una de las bases fundamentales del Estado de Derecho y de la Democracia.
En la acción fueron retenidos reporteros de El Deber, Unitel, Red Uno, ATB y PAT, quienes fueron liberados más tarde, varios de ellos con lesiones y con sus equipos dañados. Una cámara filmadora recibió un impacto de bala, de acuerdo con el testimonio de uno de los periodistas. Los trabajadores de la prensa deben ser protegidos por el Estado para garantizar la libertad de expresión, que a su vez es protegida por la Constitución Política del Estado.
Los periodistas fueron retenidos, junto a civiles y policías, de manera violenta por encapuchados, quienes fueron denunciados por avasallar una propiedad privada. Estos hechos, además de atentar contra los derechos humanos, se constituyen en delitos penales, como privación de libertad, secuestro, tenencia y portación de armas, y lesiones leves y graves.
La Defensoría del Pueblo exige a las autoridades la investigación y el establecimiento de sanciones para evitar que estos hechos se naturalicen; además, demanda el respeto al trabajo de los periodistas para garantizar el derecho de la población de acceder a la información y el derecho a la libertad de expresión.
Esta institución defensorial hará seguimiento de este caso hasta que se identifique a los responsables y se los someta a la justicia ordinaria.
